“¿Pueden obligarme a hacer uso de la vacuna?”.
La interrogante, inmediatamente me lleva a recordar lo que establece la Constitución Política del Perú en el numeral 1. del Artículo 2:
“Toda persona tiene derecho:
- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”. Consideraría asimismo lo que establece el numeral 3. de la carta magna.
Los derechos fundamentales conceden al ser humano, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y, al honor; no obstante, por lo general, son las normas de rango infra constitucional, tales como el Código Civil o Penal, las que se encargan de regular y sancionar las transgresiones.
Precisamente, por el carácter personal de estos derechos, es que puede, en ciertas circunstancias, haber disposición o renuncia por parte del titular sobre los mismos, sea de manera gratuita u onerosa; sin embargo, la ley señala restricciones, esencialmente relacionadas con nociones de orden moral o las buenas costumbres.
El análisis técnico-legal de lo que significa el cuerpo humano, respecto de su concepción, definición, el titular de este, quienes tienen un cuerpo, su naturaleza jurídica, el tratamiento legal al cuerpo de persona viva y persona muerta, cuales son las partes del cuerpo (naturales y artificiales), las características del cuerpo humano, el derecho sobre él o al cuerpo, entre otros temas, sin duda, ayudaría a entender claramente y en sentido amplio, lo que el Artículo 6 del Código Civil, regula; es decir LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DEL PROPIO CUERPO. El legislador establece que éstos están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios.
Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia.
En nuestro país, generalmente el típico y recurrente caso que tiene sustento legal en la acotada norma, es el de la donación de órganos por persona viva o post mortem; sin embargo, entendiéndose a LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DEL PROPIO CUERPO en sentido amplio, debe afirmarse que el cuerpo humano, como base fisiológica de la personalidad, está protegido en el marco del núcleo duro de dignidad que le es atribuida per se.
Debe entenderse que el derecho a los actos de disposición del cuerpo humano es la facultad de hacer con nuestro cuerpo lo que mejor creamos conveniente, está regulado no solo para permitir la realización de la libertad y el proyecto de vida de la persona a través de su cuerpo, sino que se pre¬senta como un derecho protectivo que solo puede ser realizado dentro de ciertos límites, atendiendo a la preservación de la integridad y salud del suje¬to y siempre que no vaya contra las normas de orden público, las buenas costumbres o implique una disminución de la integridad y salud.
La disposición corporal se basa en una conducta, acción u omisión, que entrelaza la libertad con el aspecto físico vivencial de la persona, que cada vez viene teniendo más trascendencia social y que el Derecho debe estar al pendiente.
¿El texto del Artículo 6 del Código Civil tiene alguna relación con la “obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en el Perú”?
Desde nuestro particular punto de vista, consideramos que no, por cuanto, en primer lugar, debe precisarse que el artículo sub análisis forma parte del grupo de artículos que establecen derechos de la persona (TÍTULO II), de la SECCIÓN PRIMERA Personas Naturales, del LIBRO II DERECHOS DE LA PERSONA; es decir, lo normado en el Artículo 6, por la naturaleza de su regulación, expresa y/o ilustra el derecho de las personas y su discrecionalidad, mostrándose muy lejos de ser posesivo que implique disponibilidad por alguien que no sea el titular del cuerpo, ergo, la persona goza de la protección del Derecho. Adicionalmente a ello, tenemos el amparo de la Constitución Política del Perú en el numeral 1. de su Artículo 2, como derecho fundamental.
– Pedro Gonzales Saldaña.